El gran reto para México en el avance hacia la industria 4.0 es superar la llamada trampa del ingreso medio. “Aunque México es una potencia manufacturera en la región y un socio estratégico de Estados Unidos, la productividad por trabajador es 40% menor que el promedio de la OCDE”, señaló Maya Dadoo, CEO de Worky.

De acuerdo con la directiva, el futuro de las fábricas será completamente automatizado, digital e integrado con tecnologías como inteligencia artificial, robótica y gemelos digitales. Esto exige que el talento mexicano acelere su transición hacia la adopción de estas herramientas. “La mano de obra en México es calificada, pero ya no es tan barata como en otras economías emergentes. Por eso, la única vía para competir es modernizarse”.

Durante la presentación del reporte México frente al imperativo de la transformación: El camino hacia la Industria 4.0, desarrollado por la plataforma de Recursos Humanos, Dadoo expuso que sólo 1 de cada 10 empresas opera actualmente bajo los principios de la industria 4.0 —procesos descentralizados, automatizados y fuertemente integrados con tecnología—, un dato preocupante frente al creciente interés global en México impulsado por el nearshoring.

Entre los principales hallazgos del estudio destacan:

• 25% de las empresas opera con procesos totalmente manuales.
• 40% ya inició su digitalización, aunque Recursos Humanos aún tiene poca influencia.
• 25% comienza a utilizar inteligencia artificial.
• 75% no usa IA en absoluto.

En resumen: el 90% de las organizaciones no cuenta con una estrategia sólida de digitalización.

Respecto a las reformas que están transformando la operación industrial, Dadoo identificó tres factores que impactan directamente los costos laborales: el aumento de los días de vacaciones, los cambios al sistema de pensiones y seguridad social, y la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas.

Para las empresas con una alta proporción de personal operativo, estos cambios se traducen en incrementos relevantes en costos: más días de descanso, más reemplazos, más horas extra y la eventual necesidad de ampliar la plantilla.

A ello se suma un posible aumento de alrededor del 11 por ciento al salario mínimo, lo que generaría aún más presión presupuestaria. “Hoy hay mucha incertidumbre. Las organizaciones están corriendo simulaciones, pero no tienen claridad para presupuestar 2026 porque las reformas no están totalmente definidas”.

Como consecuencia, alertó, podría haber un impacto en la competitividad. En el norte del país ya se reportan plantas que están cerrando o trasladando sus operaciones a otros países debido al incremento en costos.

Pese al panorama retador, también existe una lectura positiva: la presión regulatoria podría acelerar la modernización y la adopción tecnológica. Incluso se anticipa un proceso de consolidación en el que fondos de inversión adquieran empresas pequeñas para transformarlas hacia el modelo de industria 4.0.

Estas medidas afectan con mayor fuerza a la base operativa, donde los costos laborales se amplifican debido a la falta de automatización en nómina, control de incidencias y gestión de tiempo. “La regulación está actuando como un catalizador incómodo, pero necesario”, comentó Guillermo Chagoyan, Director Comercial de Worky.

“Si bien eleva los costos en el corto plazo, está obligando a las empresas a profesionalizar la gestión del talento operativo, digitalizar procesos y elevar sus estándares de cumplimiento y transparencia”, señaló.

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