Pese a la implementación de acciones como la Norma Oficial Mexicana 035 (NOM-035) sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo, vigente desde 2019, con el objetivo de promover entornos organizacionales favorables y eliminar la violencia laboral, 73 por ciento de las mujeres no conoce la existencia de algún protocolo para ello en su lugar de trabajo.

En su investigación denominada La violencia de género limita la participación de las mexicanas en el mercado laboral, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que la proporción de mujeres que solicitaron apoyo o denunciaron ante una eventualidad fue de 8.0 por ciento, y la razón principal para no hacerlo refiere a tratarse de algo sin importancia (32 por ciento) seguido por miedo a las consecuencias o amenazas con 22 por ciento.

La violencia laboral se define como el abuso de poder para excluir o someter a otra persona, y se manifiesta como agresión física o verbal, acoso sexual, hostigamiento laboral, violencia psicológica o discriminación en el lugar de trabajo.

“Esta representa una barrera para que las mujeres permanezcan dentro de la economía, ya que tres de cada 10 de ellas han enfrentado violencia laboral a lo largo de su vida y dos de cada 10 reportaron vivirla en el último año. Esta proporción se redujó 1.7 puntos porcentuales entre 2016 y 2021”, abunda el estudio.

Reporta que la opinión sobre quién debe ser el sustento económico se asocia de forma positiva con la participación económica de las mujeres, ya que a nivel estatal, entre mayor es la proporción de las mujeres que opinan que el sustento económico del hogar es una responsabilidad compartida, también lo es la tasa de mujeres que tienen un trabajo remunerado o buscan uno.

Ejemplo de esto son Baja California Sur (83 por ciento), Colima (82 por ciento) y la Ciudad de México (75 por ciento) donde la mayoría de las mujeres creen en la corresponsabilidad económica del hogar y cuentan con altas tasas de participación económica femenina, de 57, 55 y 50 por ciento, respectivamente.

De igual forma, el centro de investigación en política pública sostiene que las formas de discriminación más frecuentes en el ámbito laboral reportadas por las mujeres son tener menos oportunidades que un hombre para ascender o recibir un menor pago que sus pares hombres.

Los roles de género tradicionales pueden limitar el desarrollo profesional de las trabajadoras. Existe una carga desproporcionada de trabajo no remunerado hacia las mujeres, ya que ellas destinan 2.6 veces más tiempo a tareas del hogar y de cuidados.

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