La reforma constitucional que propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales podría elevar los costos laborales unitarios y desincentivar la formalidad, especialmente en sectores con alta informalidad como comercio y servicios, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para la institución, el impacto sería mayor en industrias que operan con esquemas de tres turnos de ocho horas o en servicios que funcionan las 24 horas, debido a la necesidad de mantener la continuidad operativa con el mismo nivel de cobertura.

La reforma implica una reducción de 16.7 por ciento en la jornada laboral máxima. Bajo el supuesto de que todos los demás factores permanezcan constantes, esto podría requerir hasta 20 por ciento más personal para mantener los mismos niveles de producción. No obstante, este cálculo no considera posibles mejoras en productividad derivadas de inversiones en tecnología y automatización, que podrían mitigar parcialmente el efecto.

Para los sectores que trabajan con tres turnos, el impacto podría ser aún mayor, ya que deberán garantizar personal suficiente para cubrir cada turno completo de ocho horas.

El IMCO señala que la iniciativa ha generado un amplio debate público por sus posibles efectos en los costos laborales y en las condiciones de empleo. Con el fin de mitigar dichos impactos, la propuesta legislativa contempla tres medidas principales.

En primer lugar, la reducción de la jornada se implementaría de manera progresiva, disminuyendo dos horas por año a partir de 2026. Este esquema sigue experiencias internacionales como las de Chile y Colombia, donde la reducción de la jornada laboral también se ha aplicado gradualmente, aunque con alcances distintos: Chile pasó de 45 a 40 horas y Colombia de 48 a 42.

La segunda medida consiste en ampliar el límite de horas extraordinarias de nueve a doce horas semanales, que deberán pagarse al 200 por ciento del salario ordinario. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece que las horas extra no pueden exceder tres horas diarias ni tres veces por semana, disposición que tendría que ajustarse al nuevo umbral.

Finalmente, la reforma mantendría seis días laborables y uno de descanso obligatorio. Esto significa que, una vez alcanzadas las 40 horas semanales, la jornada podría distribuirse en seis o incluso siete días, sin que se garantice necesariamente un esquema de dos días de descanso obligatorio.

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