El senador Luis Fernando Salazar Fernández aseguró que, en el marco del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), ninguna persona con derechos laborales debe quedar fuera de los procesos de reconocimiento, pago y justicia, y reiteró que las y los senadores velarán en todo momento por la protección de las y los trabajadores de la siderúrgica.

Así lo manifestó durante una reunión de la Comisión Especial para Revisar y Vigilar el Proceso de Quiebra de AHMSA, que él preside, con representantes de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y extrabajadores de la empresa.

Salazar Fernández recordó que se solicitó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles el acceso total al expediente del caso; sin embargo, dicha petición fue rechazada con base en las disposiciones sobre protección de datos personales. No obstante, la jueza del caso notificó a la PROFEDET el listado completo de trabajadores con derecho al pago preferente por sueldos e indemnizaciones.

Ante ello, la Comisión acordó establecer colaboración con la PROFEDET en tres áreas clave:

• Publicar el listado de trabajadores con derecho a pago preferente.
• Brindar orientación jurídica a los afectados para resolver dudas, inconformidades o aclaraciones relacionadas con el listado o el proceso concursal.
• Establecer un canal de comunicación permanente entre ambas instancias.

Por su parte, Plácido Humberto Morales Vázquez, titular de la PROFEDET, subrayó que este caso representa “un problema social grave” y se comprometió a acatar la resolución judicial, así como a identificar y atender a todas las personas trabajadoras que prestaron servicios en AHMSA.

Explicó que incluso quienes se encuentran bajo contrato colectivo vigente previo a la quiebra también están sujetos al proceso concursal, aunque podrían conservar derechos adquiridos que permitan una liquidación diferenciada.

Durante la reunión, Julián Torres Ávalos, a nombre de los extrabajadores de AHMSA, pidió la intervención de las autoridades para garantizar un inventario completo y un avalúo justo de los activos de la empresa, evitando que sean vendidos por debajo del valor de mercado.

Asimismo, expresó su preocupación ante los rumores de que los exdueños, la familia Ancira, estarían intentando recomprar la empresa mediante prestanombres. “Eso nos preocupa, porque sería un golpe para nosotros. Ya nos perjudicaron bastante y que vuelvan a quedarse con la empresa sería una burla, un golpe a todas las familias mineras. Eso es lo que se comenta mucho en Monclova. Por eso pedimos a las autoridades que investiguen y no lo permitan”, afirmó.

Finalmente, solicitaron que, para efectos del cálculo de pensiones, se consideren los últimos cinco años trabajados, en lugar del tiempo que la empresa lleva en concurso mercantil, ya que la mayoría sigue dada de alta ante el IMSS y nunca fue oficialmente dada de baja.

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