A decir de Ismael Ortiz, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, la sostenibilidad se consolida como un factor determinante para el acceso al financiamiento, la productividad, la gestión de residuos y el fortalecimiento de las cadenas de valor en las organizaciones.

Durante la presentación De los compromisos globales a la acción local: la Agenda 2030 como motor del desarrollo productivo en México, señaló que el gobierno ha definido una ruta estratégica en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y del denominado “Plan México”. En este esquema, la sostenibilidad no se concibe como una política aislada, sino como un principio transversal para generar bienestar social y crecimiento económico responsable.

La exposición inauguró los trabajos del México Sustainability Summit 2026. En ese contexto, el funcionario explicó que desde la Secretaría de Economía se impulsa una estrategia integral de política industrial sostenible basada en cuatro principios fundamentales.

El primero plantea la sostenibilidad como un desafío productivo integral que va más allá de la descarbonización. Incluye innovación tecnológica, eficiencia productiva, conservación de recursos y el desarrollo de polos de bienestar concebidos como plataformas productivas donde convergen infraestructura estratégica, energía, conectividad, logística y talento especializado. Estos espacios buscan detonar sectores de alto valor agregado y empleo, así como fortalecer la integración y resiliencia de las cadenas productivas.

El talento humano es un eje central de esta estrategia. Por ello, la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, impulsa la actualización de los planes de estudio de nivel medio superior para alinear la formación técnica con las necesidades reales de las industrias sostenibles. El objetivo es que la capacitación responda a la demanda regional, favoreciendo la atracción de inversión y la transformación productiva.

El segundo principio, indicó el funcionario, se centra en la inclusión social y territorial, bajo la premisa de que el desarrollo económico solo es válido si es compartido. La estrategia busca que los beneficios del crecimiento alcancen tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas como a las grandes corporaciones, extendiendo el dinamismo económico desde las zonas metropolitanas hasta las regiones más apartadas.

El tercer principio corresponde a marcos regulatorios facilitadores, indispensables para brindar certidumbre política y financiera a la transformación productiva. En este sentido, el Plan México se apoya en instrumentos normativos y financieros que promueven modelos de negocio alineados con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Entre ellos destaca la Ley General de Economía Circular, que establece bases claras para transitar hacia patrones de producción y consumo sostenibles y otorgar mayor certeza al sector productivo en los mercados nacional e internacional.

Ortiz refirió que el cuarto principio es la coherencia institucional, que asegura la alineación del Plan México con los compromisos nacionales e internacionales en materia de desarrollo sostenible. En este ámbito, el Consejo Nacional de la Agenda 2030 coordina la articulación interinstitucional, brinda asesoría técnica para el diseño de políticas públicas, evalúa avances y elabora informes voluntarios de seguimiento.

En conjunto, estos principios —sostenibilidad transversal, inclusión territorial, marcos regulatorios facilitadores y coherencia institucional— configuran un ecosistema integral que articula política industrial, innovación tecnológica y desarrollo económico y social. Este enfoque permite orientar capital hacia proyectos productivos sostenibles, fortalecer la confianza de inversionistas internacionales y asegurar que la transición hacia una economía baja en carbono sea compatible con el crecimiento económico nacional.

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