La propuesta también estipula que, en caso de adopción de un infante, las madres trabajadoras podrán disfrutar de un descanso de cincuenta y dos semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban.
Con el objetivo de fortalecer la protección de las madres trabajadoras y mejorar las condiciones de salud y cuidado durante el primer año de vida de niñas y niños, el diputado panista César Israel Damián Retes propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para ampliar la licencia de maternidad con goce de sueldo a 52 semanas posteriores al parto. De este periodo, seis semanas podrían disfrutarse antes del nacimiento.
La iniciativa, que reforma y adiciona disposiciones del artículo 170 de la ley y será analizada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, contempla que este descanso pueda ampliarse en casos donde el recién nacido tenga alguna discapacidad o requiera atención médica hospitalaria.
Asimismo, plantea que, una vez concluidas las 52 semanas con goce de sueldo, las madres puedan acceder a una licencia adicional de hasta 26 semanas sin remuneración para el cuidado del menor. Durante este periodo, se garantizaría su derecho a reincorporarse a su puesto, siempre que no hayan transcurrido más de 78 semanas desde el parto.
El documento advierte que el empleo remunerado en México está asociado con menores niveles de lactancia materna. Esto evidencia la necesidad de ajustar la política laboral, ya que el esquema actual —que contempla 12 semanas de licencia— genera tensiones frente a la recomendación de mantener lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida.
También señala que, si bien la Constitución establece un mínimo de seis semanas antes y seis después del parto, no limita la posibilidad de ampliar este derecho conforme a las necesidades sociales, sanitarias y económicas actuales.
La propuesta se presenta como una medida de progresividad de derechos, orientada a garantizar mejores condiciones para el cuidado y la salud materno-infantil sin contravenir el marco constitucional vigente. Además, retoma el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, que sugiere financiar estas prestaciones mediante esquemas de seguridad social para evitar que el costo recaiga en los empleadores y reducir prácticas de discriminación laboral.
El legislador destaca que en México hay cerca de 24.3 millones de mujeres ocupadas, de las cuales 55.9% se encuentra en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni licencias remuneradas. Además, mientras 40 por ciento de las mujeres sin empleo brinda lactancia exclusiva, esta proporción cae a 14 por ciento entre quienes trabajan fuera del hogar, lo que refleja las dificultades para conciliar el trabajo con el cuidado en los primeros meses de vida.
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