De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), existen dos desafíos en América Latina y el Caribe: el aumento lento de la productividad y las altas tasas desigualdad, que se deben en buena medida a políticas laborales y un sistema de protección social que desalientan la creación de empleo formal y productivo.

Un estudio Hacer que los mercados laborales funcionen: mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores en América Latina y el Caribe, sostiene que la región no debe elegir entre mejorar la productividad o el bienestar de los trabajadores, ya que unas reformas bien diseñadas pueden impulsar simultáneamente el crecimiento, mejorar los salarios y reducir la informalidad.

Para lograrlo, el BID plantea una agenda de reformas enfocada en los principales factores que definirán el futuro del trabajo, entre ellos la regulación laboral, el cumplimiento de la legislación, los sistemas de protección social, la negociación colectiva, la capacitación para el trabajo y las políticas activas de empleo.

El estudio destaca que fortalecer la formación para el trabajo es una prioridad. Para ello, propone ampliar los programas de aprendizaje dentro de las empresas y mejorar las políticas públicas que faciliten el encuentro entre trabajadores y empleadores, con el fin de reducir las brechas de habilidades y responder mejor a las necesidades del mercado laboral.

Otra de las recomendaciones centrales es desvincular la protección social de la condición laboral. El BID plantea que la atención médica y la protección frente a la pobreza en la vejez se financien mediante impuestos generales, en lugar de depender de las contribuciones sobre la nómina, ya que estas encarecen la contratación formal y pueden desalentar la generación de empleo.

La hoja de ruta también propone modernizar la regulación laboral para adaptarla a un mercado de trabajo más diverso, con nuevas modalidades de empleo y trayectorias laborales menos estables. Asimismo, recomienda fortalecer las instituciones encargadas de la negociación colectiva y garantizar una aplicación imparcial de las reglas tanto para empresas como para sindicatos.

El organismo considera que estas reformas pueden implementarse de manera gradual y con responsabilidad fiscal. Sin embargo, advierte que retrasarlas tendría un costo cada vez mayor en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, la transformación tecnológica y el bajo crecimiento económico, factores que exigen mercados laborales más dinámicos, inclusivos y productivos.

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