Bajo la premisa de que México avanza hacia un mercado laboral más regulado, inclusivo y competitivo, un estudio del Centro de Investigación y Análisis de Datos Económicos y de Políticas Públicas señala que cerca del 40 por ciento de las empresas ya cuenta con políticas de inclusión laboral en materia de igualdad y no discriminación.

El reporte destaca que, entre las organizaciones con programas estructurados, el 95 por ciento estableció metas de contratación incluyente y el 91 por ciento involucró a la alta dirección en iniciativas de diversidad, lo que refleja un ajuste progresivo en los modelos de liderazgo y en la cultura organizacional para fortalecer la equidad de género y el reconocimiento de la diversidad.

En el ámbito regulatorio, el análisis advierte que la posible reducción de la jornada laboral a 40 horas podría incrementar los costos empresariales entre 20 y 38 por ciento, especialmente en pymes y sectores de operación continua. Sin embargo, prevé beneficios a mediano plazo, como menor rotación, mayor compromiso del personal y un impulso al consumo interno, siempre que la transición se implemente de forma gradual.

Respecto a la NOM-035, norma obligatoria para prevenir riesgos psicosociales, se observan avances relevantes: entre 60 y 70 por ciento de las empresas reportan algún nivel de implementación. No obstante, solo entre 25 por ciento y 35 por ciento cumple de manera integral, mientras que más del 70 por ciento ha iniciado acciones básicas de prevención.

Los sectores con mayor adopción de estas prácticas son manufactura, automotriz, corporativo-financiero y empresas globales, impulsados por certificaciones, estándares internacionales y estrategias ESG.

El estudio también señala que, aunque se proyecta un crecimiento moderado del empleo formal, persisten retos estructurales como la informalidad y la brecha de competencias. Para Julián Dolores Hernández, director ejecutivo de Grupo CICADEHP, el país enfrenta una oportunidad estratégica para fortalecer los estándares laborales y la competitividad en el contexto económico internacional.

El éxito, concluye el organismo, dependerá de fortalecer las capacidades técnicas, apoyar a las pymes en el cumplimiento regulatorio y consolidar la coordinación entre el sector público y privado, con miras a un modelo laboral más resiliente y alineado con estándares globales.

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