El diputado Mario Zamora Gastélum, del PRI, impulsa una iniciativa para adicionar un capítulo XVIII titulado “Trabajo Sexual” a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de reconocer a las personas que ejercen esta actividad como trabajadores no asalariados y sujetos de derechos. La propuesta establece que las autoridades deberán garantizar su acceso pleno a derechos humanos, laborales, sociales y económicos.

La iniciativa define el trabajo sexual como toda actividad realizada por personas mayores de edad, de forma libre, consensuada e independiente, mediante la cual se prestan servicios sexuales, eróticos o de acompañamiento a otras personas adultas, a cambio de una remuneración económica o en especie, ya sea de manera presencial, impresa o digital.

La prestación de estos servicios deberá acordarse verbalmente o por escrito entre la persona prestadora y la contratante, especificando condiciones de tiempo, modo y lugar. Cuando el trabajo se realice en establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas o si la duración supera los tres meses, los términos deberán formalizarse por escrito conforme a la ley.

En estos términos, el trabajo sexual sería considerado una actividad lícita. No obstante, si en su ejercicio se detecta algún vicio en el consentimiento, o se vulnera la vida, libertad o dignidad de la persona prestadora del servicio, se aplicarán las sanciones previstas en la legislación penal vigente.

La iniciativa también establece que las personas trabajadoras sexuales deben ser mayores de edad y prestar sus servicios de forma libre, voluntaria e independiente, ya sea de manera ocasional o regular, y siempre a cambio de una remuneración acordada.

Entre los derechos reconocidos a este sector se incluyen el acceso a servicios de salud pública gratuitos, seguridad social conforme al artículo 13 de la Ley del Seguro Social, condiciones laborales seguras y libres de violencia, acceso a la justicia y la posibilidad de organizarse colectivamente, de acuerdo con lo previsto en la ley.

Asimismo, se propone la creación de un registro voluntario de trabajadores sexuales, coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Autoridad Registral. Este registro tendría como finalidad diseñar políticas públicas para prevenir y sancionar la trata de personas, garantizar el acceso a la salud y promover acciones en materia de salud sexual.

La iniciativa contempla también la creación de zonas seguras de trabajo y la implementación de mecanismos de prevención y atención a la violencia, en coordinación con gobiernos estatales, municipales, fiscalías y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

En el régimen transitorio se especifica que los requisitos para la incorporación voluntaria al registro no deberán ser discriminatorios y que la información relacionada con controles médicos no será obligatoria. Zamora Gastélum subraya que regular el trabajo sexual es un paso necesario para proteger a quienes lo ejercen de forma voluntaria y distinguirlo de delitos como la trata o la explotación, bajo un enfoque de derechos humanos, igualdad y justicia social.

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