Cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) revelan que, de las empresas registradas en 2021 en el Padrón de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y que debían renovar su inscripción en 2024, únicamente el 53 por ciento logró cumplir nuevamente con los requisitos. Esto significa que prácticamente la mitad de las compañías quedó fuera del registro.

De acuerdo con Grupo EULEN México, este escenario evidencia una combinación de deficiencias administrativas, falta de profesionalización y, en algunos casos, desinterés por operar dentro de los márgenes de la formalidad laboral.

“El mercado laboral mexicano avanza hacia un modelo más regulado y centrado en el bienestar de las personas, lo que obliga a las empresas a una planeación del talento mucho más estratégica. La adaptación a las nuevas disposiciones laborales, junto con la especialización sectorial y el enfoque regional, será clave para sostener la empleabilidad y la competitividad de las organizaciones hacia 2026 y 2027”, señaló Óscar G. Zato, director general de EULEN México.

Entre los cambios más relevantes de este nuevo modelo, que redefinirán la relación laboral en los próximos años, destaca la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales. Su implementación iniciará en mayo de 2026 y avanzará de manera progresiva hasta alcanzar su ajuste pleno en 2030. A ello se suman los incrementos al salario mínimo para fortalecer el poder adquisitivo y la posible incorporación de nuevos días feriados, factores que demandarán una planeación operativa más rigurosa por parte de las empresas.

Asimismo, cobra relevancia la aplicación de la denominada Ley Silla, vigente desde junio de 2025, que establece la obligación de garantizar pausas adecuadas y asientos con respaldo para las personas que realizan actividades prolongadas de pie.

Finalmente, se agregan otras disposiciones que elevan el nivel de supervisión y cumplimiento para los empleadores, como la regulación del trabajo en plataformas digitales, la implementación del registro electrónico de la jornada laboral y una mayor protección del salario frente a deducciones injustificadas. En conjunto, estas medidas refuerzan la necesidad de modelos de gestión laboral más sólidos, formales y alineados con la normativa vigente.

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