En México, la participación de las mujeres en el sector energético —tanto tradicional como renovable— se mantiene entre 20 y y 25 por ciento. A nivel global, representan el 32 por ciento de los empleos de tiempo completo en energías renovables, frente al 23 por ciento en petróleo y gas y al 25 por ciento en energía nuclear.

Así lo señaló Itzá Castañeda Carney, consultora de equidad de género e inclusión social de WRI México, durante el evento Cerrando la brecha: energía y cambio climático con perspectiva de género, un espacio de diálogo enfocado en visibilizar los desafíos y oportunidades de integrar la perspectiva de género en el sector energético y en la política climática como condición para una acción climática justa.

En el panel El sector energético mexicano: brechas, barreras y propuestas, con participación de Voz Experta, se destacó que la desigualdad de género atraviesa toda la cadena del sector, especialmente en los espacios de toma de decisiones, donde persisten sesgos y barreras estructurales.

Las especialistas coincidieron en que cerrar esta brecha requiere transformar reglas, incentivos y condiciones habilitantes. En ese sentido, identificaron cuatro frentes clave de acción:

1. Regulación, transparencia y rendición de cuentas. Es necesario fortalecer mecanismos que impulsen la participación de mujeres en puestos técnicos y de liderazgo, así como mejorar la disponibilidad de datos públicos desagregados por nivel y área, para medir y atender la brecha.
2. Implementación efectiva con enfoque de género. No basta con diseñar instrumentos; el reto está en cómo se implementan. Esto implica contar con diagnósticos adecuados, garantizar el acceso a la información y adaptar metodologías a los contextos locales.
3. Desarrollo de talento desde etapas tempranas. La brecha inicia antes del ingreso al mercado laboral. El sector enfrenta, además, una escasez de talento técnico, por lo que es clave fomentar vocaciones y ampliar referentes desde etapas previas a la educación superior.
4. Incentivos y reputación sectorial. Se planteó impulsar herramientas que reconozcan y comparen públicamente los avances de las organizaciones —por ejemplo, en participación femenina, brecha salarial y políticas de cuidados— para alinear el interés público con el privado.

Por otro lado, en el panel Perspectiva de género en la política climática: retos y oportunidades para una acción climática justa, organizado por ICM e IDEA, se abordó la importancia de incorporar este enfoque en la política pública, la legislación y la implementación climática, desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social.

A su vez, desde Fundación Avina se propuso integrar una perspectiva de cuidados como eje de la política climática. Se destacó que el trabajo de cuidados no solo sostiene la vida, sino también la acción climática. En este marco, se presentó el enfoque de las “cinco R” —reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar— como una guía para traducir este principio en políticas públicas, junto con la necesidad de dirigir financiamiento hacia las comunidades que están en la primera línea de respuesta.

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