El Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para reformar los artículos 3 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de evitar prácticas que condicionan el acceso al empleo, entre ellas el llamado “buró laboral”.

Este término se refiere a una base de datos no oficial que recopila información sobre el historial de las personas trabajadoras, incluyendo despidos, renuncias y conflictos laborales. Aunque no está regulada, diversas empresas la utilizan para filtrar candidatos, lo que limita oportunidades laborales por razones ajenas a las competencias requeridas para un puesto.

Este tipo de registros funciona de manera similar al Buró de Crédito en el ámbito financiero. Sin embargo, en el entorno laboral puede tener efectos negativos, como restringir el derecho al trabajo, generar exclusión social, debilitar las garantías laborales y fomentar condiciones de precarización.

Además de afectar la dinámica del mercado laboral, esta práctica promueve una cultura organizacional basada en la desconfianza y el castigo. También se considera una forma moderna de discriminación, al limitar el desarrollo profesional de las personas. Con esta reforma, se busca asegurar procesos de contratación más justos, equitativos y basados en méritos objetivos.

Al presentar el dictamen, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, señaló que el Estado debe garantizar el acceso al empleo con base en capacidades y méritos. En ese sentido, afirmó que el “buró laboral” vulnera la dignidad de las personas trabajadoras y desvirtúa el derecho a un trabajo digno.

La reforma también tiene como propósito proteger los datos personales de los trabajadores y reforzar el enfoque garantista del derecho laboral, dejando claro que en México ninguna persona debe ser sancionada o excluida injustamente del mercado laboral. 

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