La evidencia demuestra que mantener barreras normativas que restringen el acceso al empleo formal generan efectos no deseados, como la violación a los derechos humanos y orilla a la informalidad, entre otros.
En el Senado de la República se llevó a cabo el foro Trabajo sin fronteras: reforma laboral para la inclusión y la igualdad, con el objetivo de construir consensos para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) e incorporar a las personas migrantes al mercado laboral formal, fortalecer su integración social y potenciar su contribución al desarrollo del país.
Desde el ámbito internacional, Dana Graber Ladek, jefa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), destacó que México enfrenta un déficit de talento en sectores clave, donde siete de cada 10 empresas reportan dificultades para cubrir vacantes. En este contexto, la integración de personas migrantes —concluyó— representa una oportunidad estratégica para cerrar brechas de habilidades, fortalecer la productividad y avanzar hacia un modelo económico más competitivo e inclusivo.
El senador Raúl Morón Orozco (Morena) explicó que el encuentro permitió analizar la nueva realidad migratoria nacional desde una visión multisectorial, con miras a avanzar hacia una iniciativa de reforma sólida, humana y con impacto real. Ante representantes del sector empresarial, social, académico y de la sociedad civil, afirmó que cuando se generan oportunidades y se construyen puentes en lugar de muros, se protege la dignidad del trabajo y la migración se convierte en un factor de desarrollo.
El legislador lamentó que actualmente existan personas con talento y disposición para trabajar que permanecen al margen debido a limitaciones en la legislación laboral y migratoria, lo que —dijo— frena la construcción de un modelo de economía social más robusto. En ese contexto, sostuvo que la inclusión laboral debe entenderse como un acto de justicia y una estrategia de desarrollo nacional.
Morón Orozco también advirtió que, en diversos países, la migración es utilizada como herramienta electoral y discurso de división, lo que deriva en políticas de persecución y miedo, como ocurre con miles de connacionales en distintas ciudades de Estados Unidos. Añadió que la LFT fue diseñada en un contexto histórico distinto y hoy contiene disposiciones que propician discriminación y exclusión, por lo que su actualización es una responsabilidad legislativa.
Por su parte, la senadora Karina Ruiz Ruiz, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, señaló que la discusión sobre la reforma a los artículos 7 y 154 de la LFT no debe verse como una concesión, sino como un ejercicio de congruencia normativa. Subrayó que no se trata de enfrentar a trabajadores nacionales con migrantes, sino de reconocer que la informalidad y la exclusión debilitan al mercado laboral en su conjunto.
En tanto, el senador Marko Cortés Mendoza (PAN) afirmó que una reforma laboral orientada a la inclusión y la igualdad debe asumirse como una responsabilidad ética y social, acorde con la realidad de un país donde la movilidad humana es constante. Añadió que el reto es atender la migración desde un enfoque de derechos humanos, legalidad y corresponsabilidad internacional.
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